Por qué los jueces deben ser nombrados, no elegidos

Este noviembre, los ciudadanos de 31 estados no sólo votarán al presidente. También decidirán el destino de más de 200 candidatos judiciales, desde el nivel local hasta los tribunales supremos de sus estados. Los candidatos que triunfen acabarán abordando asuntos con importantes implicaciones para la democracia y nuestra economía. Disputas contractuales, casos de responsabilidad civil, reglamentos de zonificación… todo puede ser competencia de los tribunales estatales.

Con lo que está en juego, surge la pregunta: ¿son las elecciones la mejor manera de garantizar que los jueces puedan decidir los casos con objetividad, aislados de la presión política?

Los jueces merecen con razón ser elogiados por su servicio público y su compromiso con la búsqueda de la justicia. Pero los legisladores ponen a los jueces en un verdadero aprieto cuando promulgan leyes que exigen elecciones judiciales. En estas circunstancias, es lógico que los jueces se sientan motivados para recaudar contribuciones y buscar la aprobación de los votantes. Aunque estos pasos parezcan inocuos, pueden dar lugar a campañas y grupos de interés que se enzarzan en el fango, y ocasionalmente dan lugar a un juez que sopesa las decisiones en función de la balanza política. Este escenario puede sonar demasiado familiar, ya que algunos concursos judiciales empiezan a reflejar las disputas y distorsiones que caracterizan a muchas carreras para cargos legislativos y ejecutivos.

Además de sus efectos negativos sobre la imparcialidad judicial, la elección de jueces también puede debilitar la economía de una zona. La globalización y el progreso tecnológico permiten ahora que el capital cruce las fronteras con una facilidad sin precedentes. La más mínima bandera roja puede animar a los inversores a llevar sus negocios a otra parte. En una encuesta, siete de cada diez empresas señalaron que el clima de litigios de un estado puede influir en importantes decisiones empresariales, como la de dónde instalarse. Y entre los ocho estados que recibieron una clasificación superior por su clima empresarial, sólo uno celebró concursos judiciales. Las economías de mercado robustas dependen claramente de entornos jurídicos estables y ecuánimes.

Para salvaguardar la neutralidad en los tribunales, los estados deberían pasar de elegir a nombrar a los jueces, concretamente, a través de comisiones no partidistas que seleccionen a los jueces en función de sus méritos. Estas comisiones, que ya existen en dos tercios de los estados, reclutan y recomiendan a los candidatos elegibles para los nombramientos judiciales. La dispersión del poder de nombrar a los miembros de la comisión entre una variedad de grupos -el Gobernador, los legisladores de ambos partidos- fortalece la independencia de la comisión.

Los sistemas basados en el nombramiento cumplen mejor su propósito cuando se complementan con comisiones de evaluación. En 17 estados, estas comisiones realizan exámenes exhaustivos del desempeño de los jueces durante sus mandatos. Los criterios suelen incluir la comprensión del derecho pertinente, la destreza administrativa y el temperamento judicial. Como informa un estudio, «la confianza del público en los candidatos judiciales y en el poder judicial en su conjunto se ve reforzada cuando los votantes reciben esa información a través de programas». Los estados pueden tomar como modelo a Arizona, cuya Comisión de Revisión del Desempeño Judicial realiza evaluaciones rutinarias e incluso elabora informes de evaluación a los que el público puede acceder.

Pero las comisiones de nombramiento y evaluación no pueden hacer mucho. La ecuación también debe incluir el reclutamiento y la retención de las mejores mentes judiciales de la nación. Los jueces en activo y los que aspiran a serlo pueden optar por otros trabajos en la profesión jurídica si los estados no les compensan adecuadamente. En Massachusetts, por ejemplo, los jueces de los tribunales de primera instancia reciben un salario menor que el que se paga a los asociados de primer año en más de 30 de los bufetes de abogados del estado. En casi la mitad de los estados, las recomendaciones de compensación se originan en el poder legislativo, donde las batallas presupuestarias pueden conducir a una inversión inadecuada en áreas críticas. Es probable que una evaluación más objetiva de los niveles salariales provenga de un comité independiente de la legislatura.

Como árbitros de las leyes de nuestra nación, los jueces desempeñan un papel indispensable y honorable. Pero las exageraciones y tergiversaciones que acompañan a las elecciones corren el riesgo de distorsionar su juicio sobre cuestiones críticas que afectan a nuestra democracia y economía. Los Estados deberían fijar salarios justos, establecer comisiones no partidistas para el nombramiento de los jueces y evaluar periódicamente su rendimiento. Hacerlo sería un paso importante para garantizar que la justicia se aplique de forma coherente tanto para los ciudadanos como para las empresas.